¿Se inventa Diputación una nueva tasa de basura para perdonar la deuda de Granada y Motril con Resur?

El grupo socialista de la Diputación de Granada ha expresado hoy su rechazo “radical” a la nueva tasa de basura para los ciudadanos que pretende aprobar mañana en pleno el gobierno del PP, una decisión que adopta tras disolver el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RESUR) con el que los ayuntamientos de Granada y Motril, ambos con gobiernos del PP, mantienen deudas “astronómicas”. Según el PSOE, Sebastián Pérez pretende que todos los vecinos de la provincia paguen lo que él no se atreve a cobrar a los ayuntamientos de su mismo partido en Granada capital y Motril, que son los principales deudores de la ya extinta Resur.

El viceportavoz primero del grupo socialista de la Diputación, José María Aponte, ha señalado que la tasa por tratamiento de residuos sólidos oscilará entre los 25 y los 40 euros anuales según el valor catastral de las viviendas y no en función del consumo, como sucede con la luz y el agua. El valor catastral es un parámetro “injusto” y que, según ha ironizado Aponte, podría ser similar a otros como el color del pelo del inquilino de la vivienda o al tamaño del coche de cada uno de los vecinos.

“¿Qué tiene que ver el tamaño de la vivienda con el tratamiento de los residuos?”, ha preguntado el diputado para asegurar además que esta variable generará desigualdades. En este sentido, ha incidido en supuestos como la existencia de dos viviendas grandes y de igual tamaño, pero en la que en un caso resida una familia de cinco miembros y en otra, una única persona. La primera generará más residuos y es entendible que, por ello, pague más y no lo mismo que en el segundo caso, ha advertido.

El representante socialista ha indicado además que las bonificaciones establecidas en la ordenanza a jubilados, a desempleados y a familias numerosas son “bonificaciones trampa”. En este sentido, ha explicado que la nueva medida contempla rebajas a familias con todos sus miembros en situación de desempleo y que cumplan requisitos como los de poseer una única propiedad inmobiliaria, que el titular forme parte de una unidad familiar en la que todos estén en paro, que se encuentren al corriente del pago de la tasa y que la unidad familiar no supere el 1,5 el

IPREM, esto es, que no se alcance los 800 euros en la unidad familiar.

Aponte ha advertido de que, según estos requisitos, aquellas familias en las que el padre y la madre perciban la ayuda familiar de 426 euros ya no podrán beneficiarse de estas bonificaciones.

El viceportavoz primero del grupo socialista de la Diputación, José María Aponte, ha recordado que el Partido Popular dinamitó un consorcio basado en la “solidaridad y el entendimiento” entre los municipios y la corporación y que permitió que el precio por tonelada de basura tratada fuera en Granada uno de los más baratos de toda España. “El PP y

Sebastián Pérez se cargaron Resur para no enfrentarse al alcalde de Granada ni a la alcaldesa de Motril, que acumulan más del 60 por ciento de la deuda de 25 millones con el consorcio”, ha afirmado Aponte, que ha lamentado que Pérez, en lugar de obligar a los alcaldes de su fuerza política a pagar y a ponerse al día, se invente una tasa para el ciudadano en momentos de especial dificultad económica.

Impugnación de la ordenanza

El secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Noel López, ha anunciado por su parte que el PSOE impugnará la ordenanza del servicio y presentará las alegaciones correspondientes si el gobierno provincial del PP rechaza negociar con los ayuntamientos y la oposición las condiciones de la nueva tasa.

En este sentido, el secretario de Política Municipal ya ha advertido de que los ayuntamientos con gobiernos socialistas no delegarán a la Diputación la potestad tributaria y financiera en este servicio. Tampoco permitirán que se les obligue a firmar un convenio por diez años independientemente de la calidad del servicio y, en este sentido, proponen que se limite a tres años para evaluar la gestión del servicio en ese periodo de tiempo. “No vamos a permitir que se nos someta a una condena perpetua”, ha añadido. Desde el PSOE afirman además que pelearán para asegurar los mecanismos y las garantías que aseguren la liquidación de las deudas pendientes con Resur.

Entre las consecuencias negativas de la nueva ordenanza, el representante socialista ha afirmado que además del incremento del coste del servicio que los ciudadanos asumirán de forma directa, habrá un empeoramiento del mismo. En su opinión, con esta tasa se roba además a los ayuntamientos de forma clara y rotunda “la autonomía y la potestad de autogestionar determinados servicios a través del consenso entre administraciones”.

“La gestión de la Diputación no puede incidir únicamente en el aspecto empresarial, privado y de interés particular del señor Sebastián Pérez ya que ante todo hay unos ciudadanos que están esperando respuestas de cada una de las instituciones”, ha concluido.

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