La nueva tasa de basura propicia que una gran superficie comercial pague menos que una vivienda

El grupo socialista ha rechazado este jueves el nuevo sistema de gestión de tratamiento de residuos y su ordenanza reguladora impuesta por el gobierno de la Diputación, al promover desequilibrios “injustos” e “intolerables” con criterios de pago que establece que la familia de una vivienda pueda llegar a abonar más por esta tasa que una gran superficie comercial.

El gobierno provincial del PP ha aprobado en pleno una ordenanza que sigue considerando el valor catastral como criterio de pago y que establece un tope máximo de la tasa que se sitúa en 50 euros, sin considerar ni atender a la generación real de residuos de cada contribuyente.

Así lo ha destacado el viceportavoz primero del grupo socialista, José María Aponte, quien ha criticado que el modelo impuesto es además “excluyente”, ya que el gobierno provincial no ha escuchado a nadie. “No se puede actuar de manera unilateral en un aspecto tan sensible como la gestión de los residuos”, ha afirmado el viceportavoz socialista, quien ha lamentado el “ninguneo” del PP a los alcaldes y representantes municipales de toda la provincia, incluidos los de su propio partido.

A juicio de Aponte, el tiempo está demostrando que la eliminación del consorcio Resur ha sido “la peor decisión” y la de “menos sentido” que ha adoptado hasta ahora el gobierno del PP. Según ha indicado, el PP ha reformado el sistema para que todo siga igual. De hecho, ha señalado que muchos de los ayuntamientos que más adeudan al extinto consorcio Resur, como es el caso de Motril, seguirán asumiendo el pago directo del servicio, tal y como ya se hacía con el anterior modelo de tratamiento.

Para Aponte, las modificaciones que está introduciendo el PP evidencian que el PP ha creado una “auténtica chapuza” con esta nueva tasa, que “sólo pretende arreglarle la papeleta al Ayuntamiento de la capital y a Motril”.

El representante socialista ha acusado además al PP de incumplir su palabra en el acuerdo institucional sobre la reclamación a la Junta de la deuda en Dependencia, al tergiversar su contenido en una comparecencia ante los medios previa al pleno. En este sentido, ha señalado que lo que resulta “lacerante e hiriente” es alcanzar un acuerdo y luego, una de las partes, se lo salte a la torera ocultando algunos puntos del acuerdo. “Si quieren llegar a un acuerdo, han de respetar las mínimas reglas de la cortesía institucional y del entendimiento”, ha reclamado al presidente de la institución Aponte, quien ha incidido en que, si se vuelve a repetir esta actuación, el PP demostrará que su palabra y su firma no valen nada.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, José Entrena, ha acusado al gobierno provincial del PP de traicionar los intereses de Granada al votar en contra de una moción del PSOE relativa al trazado del AVE a su paso por Loja. Entrena apelaba en su iniciativa a lograr el consenso de todos los grupos de la institución para posicionarse a favor de las reivindicaciones de todas fuerzas políticas, sociales y económicas de la ciudad de Loja, dirigidas a impedir que el proyecto de ferrocarril planteado por el Ministerio de Fomento divida a la ciudad y aísle a barrios enteros como el de San Francisco.

El representante socialista solicitaba que la Diputación actuara escuchando el clamor unánime de todos los colectivos para frenar el proyecto de Fomento. En concreto, pedía un acuerdo en la corporación para que a Granada llegue un AVE de verdad, con las condiciones técnicas correspondientes y como el que tienen el resto de provincias donde llega esta infraestructura, una solicitud desestimada por el gobierno provincial. “La mayoría de los ciudadanos quieren que a Granada llegue un AVE de verdad y no entienden que llegue un tren que tiene que empezar a frenar antes de salir de Antequera”, ha afirmado.

El gobierno del PP ha rechazado además una propuesta de los socialistas en relación a la reforma local, una ley que, según ha indicado el diputado provincial Manuel Megías, deja en “coma profundo” a los ayuntamientos y que nace de “un gran engaño”. “Esta medida es una gran mentira orquestada por el ministro Montoro, al achacar a los ayuntamientos la responsabilidad del déficit y la deuda pública, algo totalmente falso”, ha señalado.

Megías ha advertido de que esta norma, que supone un retroceso democrático y que “ahoga” a los ayuntamientos, pretende abrir a las empresas privadas la gestión de los servicios públicos y sustituir a los representantes municipales por gerentes de empresas. “Con la reforma local, el PP creará ayuntamientos fantasma y alcaldes figurantes”, ha lamentado.

El PSOE ha votado en contra además del nuevo reglamento del Consejo Provincial de Igualdad, al entender que cercena la participación de los colectivos implicados, y ha dado su apoyo a una moción del PP que pide incluir a Granada en el programa autonómico de modernización de espacios productivos y a otras dos de IU de apoyo a la huelga educativa y en contra de la LOMCE.

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